Desmantelada una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en centros de estética y masajes

Agentes de la Policía Nacional, en una investigación conjunta con los Mossos d´Esquadra y Guardia Urbana de Barcelona, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en centros de estética y masajes ubicados en Barcelona y Marbella (Málaga). Se han identificado a un total de 21 mujeres explotadas, siendo 18 las liberadas. Las víctimas eran obligadas a prostituirse sin descanso, bajo una vigilancia constante, siendo sometidas a agresiones físicas y sexuales, llegando a ser encerradas en habitaciones con candado, sin acceso a un aseo o comida y bebida durante días. Adquirían una deuda de 6.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución 24 horas al día, siete días de la semana, en centros de estética y masajes donde realizaban servicios sexuales y se vendían sustancias estupefacientes. Hay ocho personas detenidas, cinco de las cuales han ingresado en prisión provisional, y se han realizado cinco entradas y registros de inmuebles, decretándose la clausura de los dos prostíbulos que simulaban ser centros de estética y masaje.

La investigación dio comienzo en marzo de 2025 a raíz de la declaración de una víctima que alertaba de la existencia de una organización criminal que se dedicaba a traficar con mujeres de origen sudamericano para explotarlas sexualmente en supuestos centros de estética y masajes de Barcelona y Marbella (Málaga).

Captación, traslado y explotación

El entramado criminal desmantelado estaba compuesto por ocho personas que desarrollaban su actividad de manera principal en Barcelona y con una ramificación en Marbella (Málaga). La mayoría de las mujeres eran captadas en su país de origen mediante engaño y falsas promesas de trabajo en nuestro país. La red gestionaba el traslado a España, se encargaban de recibir a las víctimas a su llegada y trasladarlas hasta los locales donde eran obligadas a ejercer la prostitución. La organización imponía una deuda de 6.000 euros, que debían “saldar” ejerciendo la prostitución. Los explotadores retenían el 50% de los ingresos obtenidos por las víctimas, alegando gastos de alojamiento y manutención, lo que las mantenía en una situación de endeudamiento perpetuo y dependencia total.

Condiciones infrahumanas y consumo de drogas

Las víctimas residían en los prostíbulos y debían estar disponibles las 24 horas al día, los siete días a la semana, incluso estando enfermas o durante el periodo menstrual. Los responsables ejercían sobre ellas un control total, las forzaban a consumir drogas para aumentar su rendimiento y disponibilidad, y las castigaban físicamente cuando se negaban a realizar servicios sexuales. Además, permanecían vigiladas en todo momento con cámaras instaladas en los establecimientos y su libertad de movimiento totalmente restringida. Se les prohibía salir de los locales, elegir clientes o rechazar servicios, y eran obligadas a practicar sexo sin preservativo a petición de los mismos.

Algunas víctimas relataron que ante la negativa a ejercer la prostitución, eran sometidas por parte de los integrantes de la organización criminal a agresiones físicas y sexuales, llegando incluso a ser encerradas en habitaciones con candado, sin acceso a un aseo o acomida y bebida durante días. Además, tampoco se les permitía ir al médico para ser asistidas de las lesiones graves consecuencia de las agresiones a las que eran sometidas.

La red criminal, una vez que las víctimas eran explotadas sexualmente durante un tiempo en el prostíbulo de Barcelona, eran trasladadas en tren o avión hasta el prostíbulo de Marbella, siendo controladas por algún integrante de la organización durante los trayectos, para continuar siendo explotadas y obtener el máximo de beneficios posible, ya que al cambiar de ciudad y ser anunciadas como “novedad” aumentaba la demanda y obtenían un mayor número de clientes.

Durante la investigación se comprobó que los prostíbulos utilizados para la explotación sexual también funcionaban como centros de venta y distribución de drogas, principalmente cocaína. Los agentes determinaron que parte de los ingresos de la organización procedía de esta actividad ilícita, que se desarrollaba paralelamente a la explotación sexual.

Asimismo, el líder de la red explotaba los prostíbulos mediante la creación de empresas con las que simulaba llevar a cabo una actividad legal, registrando como centros de estética y masajes, cuando en realidad, se trataban de locales donde se realizaban servicios sexuales y se vendían sustancias estupefacientes.