VENEZUELA se abre a la PRIVATIZACIÓN del PETRÓLEO con la REFORMA de la LEY de HIDROCARBUROS

El futuro de la economía en una Venezuela sin Nicolás Maduro está condicionado por reformas legales que el chavismo emprende con rapidez. El debate sobre el proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos empezó el jueves en la Asamblea Nacional como primer paso hacia la entrada de capitales extranjeros en la explotación y comercialización del crudo venezolano, bajo la tutela de Estados Unidos. Una nueva etapa de distensión, apalancada en el negocio petrolero, que Washington ha negociado con el Gobierno venezolano luego del ataque militar y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Las principales modificaciones dea la ley tienen que ver precisamente con abrir las puertas a la privatización en el sector y reducir los controles estatales, después de años de empeño chavista en centralizar la economía. Hasta el momento, el modelo de las empresas mixtas —en las que el Estado venezolano tenía una participación mayoritaria— era la única vía de entrada de la inversión extranjera en la industria petrolera. Ahora, la reforma establece que empresas privadas domiciliadas en el país, en el marco de contratos suscritos con el Estado, puedan participar en el sector primario.

El debate ha llegado a una Asamblea Nacional que cuenta con una bancada minoritaria de dirigentes opositores. El plan ha sido aprobado en una primera discusión, de las dos que corresponden. Tras una lectura veloz del articulado, la bancada de Libertad, encabezada por el dirigente opositor Henrique Capriles, se abstuvo. Más temprano, antes de que iniciara la sesión, el diputado Stalin González había afirmado en un mensaje en sus redes sociales que su grupo parlamentario no había recibido la propuesta de reforma de la ley. “Hablan de convivencia, pero sus prácticas excluyentes y discriminatorias siguen intactas”, escribió en Instagram.

Ya a principios de la semana, los diputados opositores habían pedido en una rueda de prensa una discusión amplia de la reforma legal. “Quisiéramos saber cuál es el alcance de los nuevos acuerdos energéticos y qué se quiere cambiar de la ley. No le tengamos miedo al debate petrolero en este país”, dijo Capriles.

Entre las modificaciones hay una que está relacionada con el porcentaje del 30% que corresponde al Estado venezolano por volúmenes extraídos de yacimientos. La legislación actual permite bajarlo al 20% si se determina que un yacimiento maduro o de petróleo extra pesado, como los de la Faja del Orinoco, no es explotable económicamente con ese porcentaje de concesión. Pero el cambio propuesto ahora por el Ejecutivo disminuye el porcentaje al 15% en el caso de que lo hagan empresas mixtas y se mantiene en 20% para empresas privadas.

También se ha permitido la comercialización directa del crudo a las empresas que lo estén explotando y se ha incorporado un artículo que señala que las controversias y dudas con esta norma pueden ser resueltas en tribunales locales y a través de mecanismos de mediación y arbitrajes independientes. Más allá de los tiempos de explotación, la propiedad de los yacimientos se reserva al Estado venezolano.

El acceso al petróleo venezolano es la principal demanda de la Administración de Donald Trump, y el chavismo está correspondiendo con celeridad. Los acuerdos entre Caracas y Washington ya se han concretado con una primera venta de crudo por 500 millones de dólares, de los que Venezuela ya ha recibido 300.