No al ACTA

ACTA son las siglas de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Tratado de Comercio contra la Falsificación), un tratado multilateral de comercio cuyo título se refiere a falsificaciones en bienes físicos como zapatos o medicamentos, pero que sustancialmente trata de la regulación de internet y las tecnologías de información.

Desde hace un par de años comenzó a negociarse, a la sombra del flujo digital abierto, un polémico tratado que busca limitar el libre intercambio de contenidos en internet de acuerdo a intereses mercantiles. Bajo el argumento de proteger los derechos de autor (y en especial la propiedad intelectual), encarnados en el cuestionable y obsoleto emblema del Copyright, las autoridades de distintas naciones (Estados Unidos, Japón, Suiza, la Unión Europea, Marruecos, Jordania, Corea del Sur, Canadá y Nueva Zelanda) negocian la activación de una normatividad que regule el consumo internetero de contenidos e información.

Luego de múltiples reuniones en distintas sedes alrededor del mundo y de un intenso cabildeo frente a los congresistas y parlamentos de varios países, a partir de enero autoridades mexicanas, incluidos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Economía se encuentran analizando y tomando decisiones respecto a este tratado multilateral.

La postura del ACTA básicamente responde a las tendencias dominantes de la geopolítica corporativizada y el fortalecimiento del mercado por encima del bienestar de una denigrada sociedad civil (que a fin de cuentas representa los potenciales consumidores que habrán de dar vida al mercado a través de su consumo). Privilegiar los intereses de la industria por encima del individuo: no es un secreto que en la política internacional tiene mucho mayor relevancia el beneficio de una transnacional que el de un grupo de personas.

Pero más allá de estas cuestiones, quizá subjetivas y completamente debatibles, el mayor reclamo frente a este tratado ha sido la tenebrosa manera en la que se han manejado las negociaciones. El contenido se ha mantenido en la sombra excluyendo tajantemente la participación de la sociedad civil y así bloqueando cualquier posibilidad de discutirlas y generar consensos que realmente representen las necesidades y preferencias de los millones de usuarios de internet en el mundo.