Seguridad: El juecismo bloquea la compra de drones y el Gobierno responde con dureza

La provincia de Córdoba se encuentra sumergida en una intensa disputa política que ha paralizado un ambicioso proyecto tecnológico para la seguridad pública. El Tribunal de Cuentas, con mayoría opositora afín a Luis Juez, ha objetado y frenado la licitación para la compra de 15 drones de última generación, software y capacitación, en una operación que asciende a casi 7 millones de dólares (aproximadamente 10.000 millones de pesos).

La controversia estalló cuando los tribunos de la oposición, Beltrán Corbalán y Fernanda Leiva, denunciaron que la licitación parece un "saco a medida" para un único oferente: una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Bantac SAS y Winoil SA. Según Leiva, existen sospechas fundadas de sobreprecio, comparando la operación con una compra similar realizada en Santa Fe por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien habría adquirido 20 drones por 1,5 millones de dólares, una cifra significativamente menor a la proyectada en Córdoba por menos unidades.

Desde el Centro Cívico, la respuesta no se hizo esperar. Los ministros Miguel Siciliano (Gobierno) y Juan Pablo Quinteros (Seguridad) salieron al cruce calificando a la oposición como una "máquina de impedir". El argumento oficial sostiene que la compra no es solo de "aparatos", sino de un ecosistema completo que incluye camionetas equipadas, antenas, software especializado de alta complejidad y la capacitación de 40 operarios. Además, defienden que el proyecto pasó por 70 filtros administrativos antes de llegar al Tribunal de Cuentas.

El punto más álgido de la discusión radica en la transparencia. Mientras que la oposición cuestiona por qué no se dividió la licitación para permitir más oferentes y evitar la suspicacia de un oferente único, el oficialismo, respaldado por el informe técnico de la tribuna oficialista Silvina Rivero, asegura que la UTE elegida es la única que garantiza la integración de todos los servicios asociados necesarios para la operatividad de drones tipo "Arpía".

Esta parálisis administrativa ocurre en un contexto de creciente demanda social por mayor seguridad y control vial, precisamente el tipo de tareas para las cuales el ministro Quinteros asegura que estos drones son vitales. Sin embargo, para la oposición, la urgencia no justifica la falta de competencia en la licitación ni la diferencia de costos respecto a otras provincias.

Con la reactivación de las sesiones en la Legislatura Unicameral a la vuelta de la esquina, se espera que este conflicto sea el eje de un duro debate político. En el medio queda la ciudadanía, que aguarda que la discusión se despoje de "chicanas" y se transparenten los números y presupuestos para determinar si se trata de una inversión necesaria o de un manejo irregular de los fondos públicos.

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