Deudas con la infancia vulnerable en Chile | Verónica Díaz y Arturo Celedón en Políticas en Público

Chile arrastra una deuda histórica con su infancia más vulnerable. Por décadas, el sistema estatal de protección no fue capaz de garantizar condiciones dignas, afecto ni oportunidades reales a miles de niños, niñas y adolescentes.

El Servicio Nacional de Menores (SENAME), creado en 1979, terminó convertido en un símbolo del abandono institucional: denuncias de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, precariedad estructural y falta de personal capacitado marcaron su trayectoria.
En 2021, el país intentó dar un giro con la creación de dos nuevas instituciones: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, enfocado en la protección de quienes han sido vulnerados en sus derechos; y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de los adolescentes en conflicto con la ley, cuyo traspaso institucional culminará en enero de 2026.
Sin embargo, los cambios legales e institucionales no han sido suficientes. Hoy, más de 14.700 niños, niñas y adolescentes viven bajo el cuidado del Estado, muchos de ellos en condiciones aún alarmantes.

El 64% de las residencias estatales y el 33% de las privadas presentan niveles de hacinamiento, mientras que el sistema de acogida familiar no logra despegar: más de 600 menores de tres años viven aún en residencias.

A esto se suma una crisis persistente de recursos humanos y financiamiento, con alta rotación de personal, desgaste emocional y escasa formación especializada.
Un reciente estudio del Centro de Políticas Públicas UC propone un camino: expandir y profesionalizar el modelo de acogida familiar, cerrar progresivamente las residencias masivas, priorizar hogares familiares de calidad, establecer programas de revinculación y apoyo post-egreso, e invertir decididamente en el bienestar del personal.
Los desafíos son enormes: fortalecer el acompañamiento a las familias de origen, facilitar procesos de vida independiente tras el egreso, y sobre todo, reconstruir la confianza ciudadana en que el Estado puede cuidar sin dañar.
De esto —y de las decisiones urgentes que aún están pendientes— hablaremos en un nuevo capítulo de Políticas en Público.