20251210 02 Plataforma de Pensionistas de Barakaldo

COMUNICADO: Esta semana pasada, gran parte de los noticieros y comentarios de las tertulias políticas, se han visto invadidos por una noticia que ha escandalizado a muchos, que ha puesto a la defensiva a otros y que a la mayoría, le ha planteado la siguiente pregunta: ¿Debe la salud de la población ponerse en manos de quien tiene como única y principal meta conseguir los mayores beneficios económicos posibles para él y los suyos? Nos referimos a los audios en los que el CEO, el Director General del Hospital Público de Torrejón de Ardoz urgía a sus subordinados a, entre otras cosas, hacer que se alargasen las listas de espera como forma de obtener mayores beneficios. Explicar cómo alargar las listas de espera puede aumentar los beneficios de una empresa privada, que es la que gestiona el Hospital, puede que sea complicado, o quizá no. Pero lo que es fácil de comprender es que retrasar una consulta, un tratamiento o una operación, pueden poner en peligro, incluso fatalmente, la vida de las personas. Por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, última responsable de la Sanidad en la región, se ha tratado de minimizar el hecho, o quitarle trascendencia, aludiendo a que se puede deber a una negligencia o error, a una “mala práctica” en definitiva, no ya de la Dirección del Centro, sino de los profesionales subordinados, médicos y enfermeras, responsables últimos del buen funcionamiento del Hospital. Y ha asegurado que se hará una investigación para conocer a fondo el problema y para tomar medidas para evitar que la sanidad madrileña deje de ser considerada como “la mejor de España”. La llamada colaboración público-privada en la gestión de la Sanidad, entre otros servicios públicos, consiste de una forma resumida, en que el Estado pone a disposición de una empresa privada, el hospital con todas sus instalaciones, para que lo haga funcionar, y paga, a dicha empresa, todos los años, una cantidad fija, calculada según el número de posibles pacientes de la zona que corresponde a dicho centro, más el coste variable de los pacientes que puedan venir de otras zonas. Las habas están contadas: para que la empresa tenga beneficios deberá ahorrar en gastos todo lo posible, ya que sus ingresos son fijos. El origen de ese tipo de gestión de la Sanidad data de 1986, con el Gobierno de Felipe González, ya que la Ley General de Sanidad, dejaba abierta la puerta para que después el Gobierno de Aznar con la Ley de 1997, buscase generalizar lo que se llamó entonces “nuevas formas de gestión” y para que se fuese extendiendo e implantando en distintas zonas. Curiosamente, esta forma de gestión de los servicios públicos, es defendida, por la mayoría de los tertulianos políticos, como algo conveniente y necesario bajo el mantra de que las empresas privadas gestionan mejor que las administraciones públicas.
Y esa opinión se ha extendido de tal manera que a todos nos parece lo normal.
Sin embargo, como se ha podido comprobar con la gestión de los incendios, el cribado de las mamografías y ahora la gestión del Hospital de Torrejón, esa supuesta mejor gestión no ha sido una realidad. A los pensionistas y a los trabajadores en general, desde hace años, se nos viene tratando de convencer también de que las pensiones, gestionadas por bancos y entidades financieras privadas, estarán más aseguradas. Y hay toda una estrategia para arruinar poco a poco el Sistema Público de Pensiones y conseguir que el dinero de las cotizaciones a la Seguridad Social sea administrado privadamente para negocio de dichas entidades. Desde esta Plataforma de Barakaldo y desde otras como la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, proclamamos alto y claro que el bien común de la sociedad y la salud del planeta en que vivimos son incompatibles con el sistema capitalista dominante, que solo beneficia a unos pocos, y que es la causa de que la pobreza y la desigualdad y el riesgo de colapso planetario estén llegando a cotas desconocidas en la Historia. Afirmamos que los recursos del planeta son limitados y al mismo tiempo que decimos que, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas que se han alcanzado y con una mejor y más justa distribución de la riqueza es posible erradicar el hambre y la pobreza, origen y consecuencia de todas las guerras.
Defendemos la democracia, pero no una democracia formal y abstracta: defendemos una democracia que sea la forma real y efectiva de ejercer el poder por y para el Pueblo, por todos los pueblos del mundo. Defendemos los Servicios Públicos gestionados democráticamente. Defendemos el Sistema Público de Pensiones porque es el que garantiza que los y las trabajadoras puedan jubilarse en el futuro y disfrutar de una pensión digna, después de una larga vida de trabajo y esfuerzo. ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES Y TODO LO PÚBLICO SE DEFIENDE!