El juez Villegas alerta: «Algunos políticos juegan con fuego y pueden quemar la Constitución entera"

Saludos. Hoy voy a hablar de un hecho que me preocupa muchísimo, que es la condena de García Ortiz, fiscal general del Estado. Es un hecho sin precedentes. Es la primera vez en la historia de nuestro país que el máximo responsable de la lucha contra la delincuencia acaba él mismo como un delincuente. Me da la impresión, por lo menos hasta donde yo sé, que es un hecho inédito; quiero decir, no solamente en España, sino que yo desconozco que a nivel mundial haya ocurrido algo parecido. Creo que será bastante difícil encontrar una situación similar y, con ser esto muy grave, no es lo que más me inquieta. Lo que verdaderamente me preocupa son las reacciones de determinados políticos ante esta condena. Y voy a empezar por Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Miren, esta señora, en unas manifestaciones a los medios de comunicación que se pueden consultar en redes sociales, dice que la condena de García Ortiz es la condena de un hombre bueno que es inocente. Hasta aquí, la verdad, es que tampoco hay mucho que objetar, porque existe libertad de expresión y es perfectamente legítimo discrepar de las decisiones de los jueces. Se puede criticar a los jueces y a sus resoluciones. Hasta aquí no hay duda de ninguna clase. Ya empiezan sus palabras a ser más preocupantes cuando habla de que se ha producido un ataque a la separación de poderes y que determinados jueces han tomado parte. ¿Por qué? Porque no está diciendo que los magistrados se hayan equivocado —lo cual sería perfectamente posible porque son humanos, no son dioses venidos del Olimpo—, sino que da a entender que lo han hecho a posta y, claro, esto es muy grave porque los está acusando de haber cometido un delito, un delito de prevaricación. Obviamente, el juez tiene que resolver con arreglo a su conciencia. Si lo hace por cualquier otro tipo de motivos, pues obviamente se trata de una actuación ilícita. Esta señora carga sus palabras y ataca directamente al núcleo de la función judicial. Pero hay más. Luego llama a los ciudadanos a la movilización en defensa de la democracia. Y claro, tenemos que preguntarnos: ¿qué significa esto, movilizarse? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues recordemos que algunos cientos de personas se manifestaron delante del Tribunal Supremo para protestar por este fallo, por esta condena. Como digo, hasta aquí todo normal. Lo malo es que coreaban consignas que contenían insultos y acusaciones gravísimas contra los jueces. Los llamaban golpistas, fascistas, terroristas. Claro, no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que, si determinadas personas con poder político jalean a la población, se pueden producir movimientos de estas características. Es el momento de recordar, como he dicho en otras ocasiones, la jurisprudencia supranacional europea: sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dicen que es perfectamente legítima la crítica a los jueces, pero que hay una línea roja y una barrera que no se puede saltar. Y es cuando determinadas críticas que proceden del poder político revisten la suficiente intensidad para ser consideradas injerencias indebidas, para tener carácter intimidatorio, en definitiva, para que parezcan amenazas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora: