Sindicato del INPE responde a presidente Jerí tras anuncio de desaparición del sistema penitenciario

El presidente de la República, José Jerí, anunció en exclusiva para Panamericana Televisión que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) “desaparecerá” tal como se conoce actualmente, indicando que el Gobierno ha iniciado un proceso de cambio tras solicitar al Congreso facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. Según explicó, la reorganización buscará extinguir el modelo tradicional del INPE como parte del proyecto de ley 13280, orientado a combatir la criminalidad organizada.

Tras estas declaraciones, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, Ángel Llancari, respondió señalando que el presidente estaría dejándose llevar por “ideas no del todo correctas”, especialmente en lo relativo a presuntos actos de corrupción dentro del sistema penitenciario. Si bien aseguró que no se oponen a una reestructuración, insistió en que esta debe realizarse protegiendo al personal del INPE y sin permitir una incursión de la Policía o las Fuerzas Armadas en la administración de penales, recordando que cuando dichas instituciones estuvieron a cargo “pasaba de todo”, incluyendo el ingreso de armas de guerra.

El proyecto del Ejecutivo propone crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, entidad que reemplazaría al INPE. Actualmente, el Ministerio de Justicia designa al presidente del INPE y este a los directores de los 69 penales del país, cargos que son de confianza. Para Llancari, esta estructura facilita prácticas irregulares, como la presunta compra de cupos para acceder a direcciones penitenciarias, por lo que plantea que dichos puestos sean ocupados mediante un sistema meritocrático que reduzca riesgos de corrupción.

CONVOCAN A REUNIÓN

Ante el anuncio del presidente José Jerí, el sindicato ha convocado para este lunes una sesión interna para definir acciones y una postura formal. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, claves para la reforma del sistema penitenciario y la eventual implementación de la nueva superintendencia.