El futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional para retirar al crimen organizado

Carlos Sánchez Berzaín brinda las conclusiones del Foro "Elecciones Bolivia. 2da vuelta". Bolivia se encuentra a pocos días de una segunda vuelta electoral que, más que elegir entre dos nombres, enfrenta al país a una disyuntiva histórica: perpetuar el modelo autoritario instaurado desde 2003 o iniciar un proceso de restitución democrática. Bolivia no vive en democracia. El país se ha transformado en un narcoestado satélite de la estructura transnacional conocida como “socialismo del siglo XXI”, con vínculos directos a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Este escenario tiene un punto de origen bien definido: el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, bajo el pretexto de la llamada “guerra del gas”. Aquella revuelta violenta, en la que participaron operadores extranjeros, fue el inicio de un proceso de captura institucional que culminó con la imposición de una nueva Constitución considerada ilegítima, al haber sido aprobada mediante procedimientos inconstitucionales, falsificaciones legales y episodios de represión con saldo de muertos y exiliados.

Desde entonces, Bolivia ha sufrido un deterioro profundo en todos los frentes. De potencia gasífera del Cono Sur, pasó a importar combustible. Se destruyó la industria energética, se multiplicaron los cultivos ilegales de coca —de 3.000 a casi 100.000 hectáreas— y se consolidó una estructura de protección al narcotráfico ligada al “Cartel de los Soles”. A ello se suma la ausencia de reservas internacionales, el vaciamiento de los fondos de pensiones, más de 300 presos políticos, miles de exiliados y una pobreza que roza el 60%.

El enfrentamiento interno entre Evo Morales y Luis Arce no refleja una verdadera lucha contra la corrupción, sino una pugna entre facciones del mismo sistema. Ambos se acusan mutuamente de narcotráfico, mientras utilizan el aparato judicial para perseguirse entre sí. Esta fractura, sin embargo, abre una ventana de oportunidad: por primera vez en dos décadas, el poder hegemónico muestra signos de agotamiento.

El desafío para quien resulte electo este domingo es monumental. Solo existen dos caminos posibles: convertirse en el cuarto administrador del narcoestado —como lo fueron Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce— o asumir el riesgo de encabezar la restitución constitucional, declarando nula la actual constitución del Estado Plurinacional y reinstaurando la Constitución republicana previa al golpe del 2003.

El próximo presidente no solo enfrentará bloqueos, presión internacional y resistencia de estructuras criminales enquistadas en el Estado; enfrentará también el juicio de la historia. Porque esta elección no es entre candidatos, sino entre dos modelos de país: uno sometido al crimen organizado y otro que podría retomar el rumbo democrático.

Los bolivianos votarán por el nombre que prefieran, pero quien gane deberá responder pronto a una sola pregunta: ¿será el nuevo jefe del narcoestado plurinacional o el presidente que devuelva a Bolivia su República?