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La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que se revise y eventualmente se revoque el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El recurso, de carácter extraordinario, fue interpuesto por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela Rodríguez, y está sustentado en un documento de 108 páginas en el que el ente acusador solicita que se revise y se revoque el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Uribe Vélez, al considerar que el Tribunal incurrió en graves errores de valoración probatoria y de derecho.

“Corregir los múltiples errores del fallo absolutorio”
En la demanda, dirigida al magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, ponente del fallo absolutorio, la Fiscalía solicita que la Sala de Casación Penal “corrija los múltiples errores” del Tribunal y, en consecuencia, case la sentencia para dictar una decisión condenatoria contra el exmandatario, a quien acusa como determinador de un concurso homogéneo de tres delitos de soborno en actuación penal —relacionados con los testigos Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve Pineda y Eurídice Cortés Velasco—, en concurso heterogéneo con fraude procesal .

Consulte aquí de demanda de casación presentada por la Fiscalía

En su solicitud, Orjuela Rodríguez pide a la Corte que:

“Corrija los múltiples errores del fallo y, en consecuencia, lo case para dictar sentencia condenatoria contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, como determinador del concurso homogéneo de tres delitos de soborno en actuación penal, en concurso heterogéneo con fraude procesal”.

Según la Fiscalía, el Tribunal de Bogotá absolvió de manera indebida al procesado tras una lectura equivocada del acervo probatorio.

Procedencia del recurso y legitimación de la Fiscalía
La demanda fundamenta la procedencia de la casación en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, al tratarse de una sentencia de segunda instancia que revocó una decisión previa de carácter mixto. En ese punto, la Fiscalía sostiene que su interés jurídico es evidente, pues sus pretensiones condenatorias fueron negadas en ambas instancias.

El documento señala:

“El interés de la Fiscalía es evidente, en cuanto han sido negadas en las instancias sus pretensiones condenatorias, de modo que el recurso extraordinario tiene por objeto que la Sala de Casación Penal declare los yerros de los falladores y revoque las absoluciones”.

No obstante, el ente acusador aclara que no solicita pronunciamiento sobre dos hechos específicos —el soborno relacionado con Hilda Niño Farfán y el fraude procesal del caso Pacho Cundinamarca respecto de Harlinton Mosquera—, debido a que esas absoluciones no fueron apeladas oportunamente.

Para el ente acusador, existe interés jurídico evidente porque sus pretensiones condenatorias fueron negadas en ambas instancias respecto de los cargos centrales del caso .

La Fiscalía aclara que no persigue la revisión de dos eventos específicos —el soborno relacionado con Hilda Niño Farfán y el fraude procesal en el caso Pacho Cundinamarca respecto de Harlinton Mosquera—, por no haber apelado esas absoluciones en su momento, limitando así el alcance de la casación a los cargos restantes .

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