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La Fiscalía solicita medida de aseguramiento intramural tras imputarle cinco delitos que el exdiputado no aceptó. La audiencia se adelanta ante el Juzgado 14 Penal de Barranquilla y es transmitida por Focus Noticias.

Continúa la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro del segundo proceso penal que enfrenta por supuestas irregularidades cometidas durante su paso por la Asamblea del Atlántico. La diligencia, que se adelanta ante el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, es transmitida en directo por Focus Noticias y tiene como eje central la petición de detención intramural presentada por la Fiscalía.

La fiscal del caso, Lucy Laborde Betancourt, retomará la exposición de los argumentos para justificar la imposición de una medida privativa de la libertad, al considerar que existe riesgo de obstrucción a la justicia, posibles intentos de influir sobre testigos y gravedad de los hechos atribuidos al procesado. Esta audiencia se desarrolla después de que el ente investigador imputó formalmente cinco delitos, los cuales no fueron aceptados por Nicolás Petro Burgos.

Durante la sesión previa, la Fiscalía había anunciado inicialmente seis conductas punibles, pero decidió retirar el delito de falso testimonio, tras concluir que su núcleo fáctico estaba comprendido dentro de la imputación por falsedad ideológica en documento público. Según la fiscal Laborde, mantenerlo como cargo independiente no era procedente dado que correspondía a los mismos hechos.

Los delitos imputados a Nicolás Petro en este nuevo proceso
De acuerdo con la formulación presentada por la fiscal Laborde, los cinco delitos que ahora enfrenta formalmente son:

Interés indebido en la celebración de contratos
Peculado por apropiación
Tráfico de influencias
Falsedad ideológica en documento público
Falsedad en documento privado
La investigación se centra en presuntas maniobras contractuales ejecutadas mientras Petro se desempeñaba como diputado del Atlántico. Según el ente acusador, el exdiputado habría influido en la designación de contratistas, promovido acuerdos irregulares mediante contratación directa y registrado información presuntamente falsa en sistemas oficiales, como el SIGEP, especialmente en lo relativo a experiencia laboral y antecedentes administrativos.

La exposición fiscal incluyó un apartes como el siguiente:

“Usted, señor Nicolás Fernando Petro, se interesó indebidamente en contratos de la Gobernación del Atlántico al direccionar la contratación directa hacia la Fundación Conciencia Social, con el propósito de solventar intereses personales y económicos suyos y de su esposa”, expresó la fiscal Laborde durante la audiencia.

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