VICEGOBERNADORA JUSTIFICA USO DE FONDOS PÚBLICOS PARA DEFENSA LEGAL

PESE A INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS

En medio de una investigación preliminar por presunto lavado de activos que involucra al gobernador regional y a parte de su entorno, incluida la propia vicegobernadora, esta última ha defendido públicamente la solicitud para que el Gobierno Regional asuma los gastos de su defensa legal, apelando a una normativa que, según afirmó, respalda a los funcionarios públicos.

“Es parte de los derechos que nos asisten a todos los servidores”, declaró la autoridad, señalando que se amparan en precedentes y en normas emitidas por Servir. Según su versión, no se estaría incurriendo en ninguna ilegalidad.
Sin embargo, esta postura ha generado controversia entre diversos sectores, que consideran cuestionable que un funcionario bajo investigación por un delito grave pretenda cubrir su defensa con dinero del erario, el mismo que debería estar destinado a obras y servicios públicos urgentes. Recordemos que están solicitando 100 mil soles por cada funcionario.

Más allá de lo que intenta presentar como una acción administrativa regular, las declaraciones de la vicegobernadora bien podrían interpretarse como la crónica de un anuncio ilegal. El uso anticipado y arbitrario de fondos públicos para fines estrictamente personales, en un proceso judicial de carácter penal y no funcional. Expertos advierten que no hay norma que autorice el financiamiento de defensas legales por delitos dolosos, como el lavado de activos, sin una sentencia firme absolutoria que lo justifique.
Consultada sobre los cuestionamientos ciudadanos respecto a que debería costear su defensa con recursos propios, la vicegobernadora minimizó las críticas alegando “desconocimiento” por parte de la población y reiteró que se trata de un derecho.

La declaración no ha pasado desapercibida. Diversos analistas y voces ciudadanas advierten que este tipo de argumentos, aunque puedan tener sustento normativo en procesos administrativos, son éticamente reprobables y reflejan una preocupante desconexión con la realidad de una región que enfrenta graves carencias en salud, educación e infraestructura.
El uso de recursos públicos para afrontar procesos judiciales personales, incluso si estos se originan en el ejercicio del cargo, continúa siendo una práctica polémica que requiere mayor fiscalización. Aún más cuando se trata de casos vinculados a presuntos actos de corrupción.

En tanto, la investigación sigue su curso en la Fiscalía, y la expectativa ciudadana es que se actúe con firmeza y transparencia. Porque más allá de la legalidad de ciertos procedimientos, está en juego la confianza de la población en sus autoridades.