Caso Fondo Indígena: el tortuoso camino para lograr justicia

Marco Antonio Aramayo nunca imaginó que al haber actuado correctamente como director del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos (FONDIOC) le iba a costar la muerte, después de una agonía padecida durante siete años.

Posesionado en el cargo el 4 de septiembre de 2013 por el entonces ministro de Economía, Luis Arce, Aramayo fue destituido en febrero de 2015, después de haber puesto en conocimiento del gobierno presidido por Evo Morales, las graves irregularidades detectadas en la aprobación y desembolso de dinero destinados a proyectos fantasmas.

Aramayo detalló no solo las cifras desviadas y los proyectos fantasmas, sino también el nombre de los responsables de las irregularidades y el de los beneficiados con el desfalco. No era poco dinero. Entre 2006 y 2014, el Fondo Indígena administró más de 3.197 millones de bolivianos.
Lejos de ser premiado por haber actuado correctamente, Aramayo no sólo fue destituido del cargo en febrero de 2015, sino sometido a una tortura judicial que duró siete años: desde marzo del mismo 2015, cuando fue aprehendido a las dos de la madrugada, hasta el día de su muerte, 19 de abril de 2022.

Siete años de “detención preventiva” (una medida que no puede durar más de 6 meses), en los que soportó tratos crueles e inhumanos (todos documentados, con la identificación de muchos de los autores intelectuales y materiales de las violaciones). Entre ellos, los 91 fiscales y los 84 jueces que avalaron los 259 procesos abiertos en su contra, sometiendo a traslados de un recinto carcelario a otro, que sumaron 50.
Paradoja cruel: Aramayo, quien denunció la corrupción, preservando el interés del Estado, fue el único sometido a ese calvario judicial que lo llevó a la muerte. Y todo este abuso, a pesar de haberse confirmado el desfalco. Inicialmente, por la Contraloría que detectó en 2016 el desvío de al menos 172 millones de bolivianos y más de 30 proyectos fantasmas, comprendido en el periodo 2009-2014.

La cifra del desfalco supera los 360 millones de bolivianos, según datos reportados en las denuncias actualizadas a la fecha.

Hasta aquí, un brevísimo resumen de un desfalco escandaloso que se cobró la vida de Marco Antonio Aramayo y dejó en la impunidad a una veintena de autoridades gubernamentales de la gestión presidencial de Evo Morales y la de Luis Arce como ministro de Economía, y también de miles de dirigentes indígenas y campesinos que se favorecieron con los proyectos fantasmas.

Escuchemos la voz de Marco Caetano Aramayo, el hijo que acompañó a Marco Antonio a lo largo de esos siete años, y la del abogado de la familia, Nagaí Joel Lara Vaca. Hoy conversamos con ambos, en un espacio gentilmente cedido por HUB40, y con el apoyo de Juan Miguel Guardia, que nos permitió registrar el encuentro.