Sentencias infames de la dictadura son nulas e inaplicables

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Cecilia Bellido en "Que no me pierda": La reciente condena al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada "Goni", no es un acto jurídico, sino una muestra contundente de la persecución política orquestada por un sistema judicial que responde a los intereses del régimen de turno en Bolivia. Este proceso evidencia cómo los derechos humanos han sido sistemáticamente vulnerados bajo un esquema de jueces que, lejos de actuar como garantes de justicia, son títeres de un gobierno que manipula las instituciones para encubrir sus propios crímenes. En contraposición, se blinda a figuras como Evo Morales y Luis Arce, mientras se utiliza la justicia como herramienta de represalias contra los opositores.

La figura de Sánchez de Lozada, quien posicionó a Bolivia como una potencia gasífera del Cono Sur mediante la Ley de Capitalización, es destruida por un sistema que ha devastado la industria del gas en el país. Irónicamente, aquellos responsables de este colapso utilizan ahora la justicia para perseguir a quienes construyeron las bases del desarrollo. La sentencia en contra de Goni no solo carece de fundamento, sino que está marcada por un trasfondo político que ignora el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías básicas del derecho.

Uno de los aspectos más reveladores de esta trama es la amnistía otorgada a Carlos Mesa y Jorge Quiroga, ambos implicados inicialmente en las mismas acusaciones. Este perdón no es más que un claro indicador de las alianzas funcionales dentro de un sistema político que simula oposición mientras coopera con el régimen. Estas acciones, lejos de fortalecer la democracia, consolidan un modelo autoritario que busca legitimarse ante la comunidad internacional mientras oprime a su propia población.

El juicio contra Sánchez de Lozada y las violaciones al debido proceso son un reflejo del deterioro institucional que vive Bolivia, comparable con los sistemas represivos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se utiliza el terrorismo de estado judicializado como herramienta para dañar reputaciones, encarcelar opositores y desviar la atención de los verdaderos problemas del país: la desaparición de las reservas de gas, la crisis económica y la falta de combustibles. Todo esto, enmarcado en un espectáculo mediático diseñado para distraer a la población de la profunda crisis estructural que enfrenta Bolivia.

El golpe de Estado de 2003, organizado por Evo Morales en alianza con Carlos Mesa, marcó el inicio de una agenda que incluyó la persecución de los opositores, la nacionalización de hidrocarburos y la transformación del sistema político. Esta agenda, diseñada en complicidad con actores externos, como abogados vinculados al castro-chavismo, sentó las bases de un sistema que ha perpetuado el control del poder mediante la manipulación de las instituciones y la represión sistemática.

En este contexto, Bolivia enfrenta una grave crisis de derechos humanos con más de 300 presos políticos, entre ellos la expresidenta Jeanine Añez, gobernadores y ciudadanos. Este panorama no solo desenmascara la instrumentalización de la justicia, sino que también refleja un sistema que premia la corrupción y la traición mientras castiga a quienes representan una amenaza para el régimen. La historia y los documentos oficiales están allí para evidenciar que este sistema no busca justicia, sino perpetuar un modelo de control absoluto y represión estatal.